La Neta · Editorial · 18 de abril de 2026
Escribe uno estas líneas con la perplejidad con la que se contempla, en pleno Cabildo meridano, a un regidor de Morena defender —apasionada, torpemente, en soledad heroica— a un empresario concesionario al que su propia bancada acaba de votar en contra. Ahí lo tienen ustedes, queridos lectores: un fenómeno político que antes que análisis exige antropología, y antes que antropología exige paciencia.
Tengamos, pues, ambas.
El escenario fue la sesión extraordinaria del pasado viernes 17 de abril, convocada entre las 12:47 y las 13:52 del reloj. El asunto, iniciar el procedimiento de revocación de la concesión otorgada a Servicios Ambientales Urbanos, S.A. de C.V. —SAU, para los amigos—, empresa propiedad del señor José Antonio Loret de Mola Gómory, dedicada supuestamente a separar los residuos inorgánicos de los meridanos, y que, en palabras del regidor panista Asís Cano Cetina pronunciadas esa misma tarde, “prácticamente tiene la planta en el abandono desde hace dos años”.
Dos años, querido lector. Dos años en los que la basura que usted separó con disciplina doméstica —el PET por aquí, el aluminio por allá, el cartón allacito— viajó, presumiblemente, hacia un predio donde nadie la separaba. Un acto de fe cívica que bien merecería, en cualquier otra república, un Nobel al ciudadano paciente.
Las cuentas de la votación: diecisiete a favor, dos en contra. Mayoría cabildística aplastante, de aquellas que dejan poco a la imaginación. Y aquí aparece el pequeño milagro sobre el que pivota toda esta crónica: de los diecisiete votos a favor, seis provienen de la coalición PVEM-Morena-PT —la oposición oficial al gobierno municipal panista—, incluida la regidora Zoraya Berenice Rivera del PT, que minutos antes había peleado con uñas y dientes su inclusión en la Comisión Especial. Perdió la moción, no le dieron el asiento, y aun así votó a favor de la revocación. Eso, queridos lectores, se llama tener criterio: la dignidad procedimental no se confunde con el bolsillo del concesionario.
Toda la bancada morenista —Gorocica, Carrera Pérez, Denisse Pérez, Piña Acosta, y la propia Rivera del PT— cerró filas con el acuerdo. Todos. Todos, salvo uno.
Ese uno se llama José Manuel Peniche Marenco, y es, además de regidor “plurinominal” de Morena, Secretario General de la CATEM —la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México— en Yucatán, cargo que asumió en abril de 2025 para un periodo de cinco años. Un sindicalista, pues. El único de su bancada que pidió la voz, que se paró en tribuna, que sacó un documento, y que —aquí viene lo bueno— se trabó leyéndolo. Sí: se trabó. Leyendo. Un discurso que presumiblemente él mismo había redactado o al menos revisado, pero cuya lectura se le enredó en la lengua de un modo tan literario que hasta el acta terminaría más breve transcribiéndolo con un (sic) caritativo, como bien hicieron los colegas de otro medio digital.
La cita textual —ese monumento a la sintaxis en estado crítico— merece preservarse íntegra, para memoria de las futuras generaciones:
“Si bien el acuerdo señala presuntos incumplimientos contractuales relevantes, también consta que existe una controversia de fondo sobre las condiciones reales de la operación de la concesión, así como de decisiones municipales que habría incidido en la capacidad operativa de la planta (sic).”
Tradúzcalo usted, querido lector. Después, si puede, explíquemelo. Yo llevo días intentándolo. Lo más cercano que he logrado es: “la culpa no es de la empresa que no separa basura; es del Ayuntamiento que le exige separar basura”. Un acto de malabarismo lógico que, bien conducido, haría sonrojar al propio Cantinflas.
La propuesta alternativa del compañero Peniche fue, en lugar de la revocación, una “mesa técnica jurídica de alto nivel” —le faltó agregar internacional, intergaláctica y con café de Chiapas— donde participaran el Municipio, la empresa y especialistas independientes. Una mesa, otra vez las mesas, siempre las mesas. Lo que no propuso, conviene notarlo para el acta de la historia, fue que SAU empezara a separar residuos, que es lo que le pagan por hacer desde hace, como dijo Cano, dos años. Ese pequeño detalle operativo se le escapó al tribuno sindical.
El dolor de cabeza selectivo
Hay una ironía previa que conviene rescatar, porque explica —o complica, según se mire— la pasión del regidor por la industria de los residuos.
El pasado 3 de abril, apenas dos semanas antes de la sesión que nos ocupa, el propio Peniche Marenco faltó a una sesión de Cabildo alegando dolor de cabeza tras visitar el relleno sanitario de Mérida. Así lo reveló él mismo en sus redes sociales y así lo reportó Haz Ruido. “Debido a los olores”, explicó. “Posteriormente, sufrí un leve dolor de cabeza que me impidió asistir”, escribió. Los olores de la basura, pues, le provocaron al compañero una indisposición severa. A él, que representa a los ciudadanos que viven todos los días en las comisarías aledañas al relleno, en Chalmuch, y que no tienen la opción del dolor de cabeza ejecutivo.
Pues bien: a este regidor a quien los olores del relleno lo tumban, los olores de SAU —empresa presuntamente responsable de parte del problema que él padeció dos semanas antes— no le provocaron el mismo malestar. Todo lo contrario: se levantó, fue a tribuna, leyó con dificultad, y en vez de pronunciarse por la empresa que maneja los residuos que él mismo dice que le enferman, se pronunció a favor de ella.
El dolor de cabeza del compañero, queridos lectores, es un dolor con agenda. No duele cuando no conviene que duela.
La cartera y sus presunciones
Aquí la historia da su giro más interesante, y aquí también este servidor debe invocar, con todo el decoro que la prensa responsable exige, el escudo del presuntamente.
Según reportó Haz Ruido el mismo 17 de abril, en nota firmada por Herbeth Escalante: “en los pasillos del Cabildo se rumoró que Peniche Marenco estaba ofreciendo ‘cartera abierta’ a regidores de distintas bancadas para apoyar con su voto a la mencionada empresa”. Cartera abierta. Dos palabras que en el léxico político mexicano no necesitan glosa, pero que exigen, por respeto a la prensa y por precaución jurídica, ir acompañadas del presuntamente que les corresponde. Presuntamente cartera. Presuntamente abierta. Presuntamente ofrecida. Todo presunto, salvo el hecho de que así lo reportó Haz Ruido, lo cual es indiscutible.
Uno se pregunta, querido lector —con la elegancia que el presuntamente permite—, cuál sería la explicación alternativa, la no-presunta, del extraño fenómeno observable: un regidor de izquierda, sindicalista, defiende en soledad a un empresario cuya planta incumple desde hace dos años, contra el voto del resto de su propia bancada, mientras —según trasciende en los corrillos periodísticos— presuntamente ofrece cartera abierta para sumar voluntades. ¿Convicción ideológica? ¿Afecto laboral? ¿Profundo compromiso con la teoría de las mesas técnicas? ¿Inesperada vocación de defensor pro bono del empresariado yucateco? Todo es posible. Todo, también, debe aclararse.
Conviene recordar, para contexto, que el propio Peniche Marenco no es nuevo en el pequeño universo de los señalamientos públicos. De acuerdo con reportes de Sol Yucatán del año pasado, el regidor-sindicalista habría sido acusado por cetemistas de cobrar “moches” a cambio de adjudicar trabajo en obras del Tren Maya; de condicionar la contratación a la afiliación a Morena, según otras denuncias publicadas por el mismo medio; y de haber amasado, en tres años al frente de la CATEM, una fortuna que incluiría —siempre según esas publicaciones— yate en la marina de Yucalpetén, residencia en Country Club y casa de playa en Chelem. Presuntamente. Atribuido. Sin confirmación judicial. Cada quien saque sus cuentas, recordando que el sueldo de regidor, también según esos reportes, ronda los 64 mil pesos mensuales.
La moraleja, que toda crónica dehesiana exige
No alcanza, sin embargo, con la indignación editorial, ni con el sarcasmo —aunque estos humildes renglones se entreguen, lo confieso, a ambos vicios—. Si el rumor de la “cartera abierta” reportado por Haz Ruido tuviera asidero, si el soliloquio del compañero Peniche respondiera a motivaciones distintas a la convicción política, entonces lo que ocurrió el viernes 17 no fue una simple disidencia parlamentaria. Fue, presuntamente, una conducta que merece ser examinada por quien tiene facultades para ello.
Y eso, queridísimos lectores, tiene nombre técnico y tiene ruta institucional.
Corresponde a la Contraloría Municipal de Mérida, en primer término, allegar elementos sobre lo ocurrido en la sesión del 17 de abril y, si procediera, dar vista al Órgano de Control Disciplinario y, en su caso, a la representación social. Corresponde a la Fiscalía General del Estado de Yucatán valorar, con la información disponible, si los señalamientos —el de cartera abierta en particular, pero también los antecedentes reportados por diversos medios locales— configuran materia para una carpeta de investigación. Corresponde, incluso, al propio Consejo Estatal de Morena considerar si un regidor cuyo comportamiento en tribuna contradice frontalmente la línea de su bancada, y sobre quien pesan rumores no desmentidos, es la mejor carta de presentación institucional. No digo más. Con sugerir, basta.
Al empresario Loret de Mola Gómory, titular de SAU —eslabón, por cierto, de un ecosistema corporativo más amplio cuya arquitectura corresponde a otra entrega desmenuzar—, le quedan todavía el procedimiento administrativo con sus cinco días de audiencia, sus quince de prueba, su dictamen, su resolución final. Garantías plenas de debido proceso. Las mismas, ni más ni menos, que cualquier concesionario tendría en su lugar. Nadie lo prejuzga aquí. Ni siquiera esta editorial, que se limita a contar lo que pasó.
Al compañero Peniche Marenco, en cambio, le queda algo más complicado: explicar —ante su partido, ante sus agremiados sindicales, ante los meridanos y, llegado el caso, ojalá nunca, ante alguna autoridad competente— qué lealtades defendía ese viernes cuando se paró en la tribuna del Cabildo a tartamudear en favor de un empresario, solitario entre los suyos, ofreciendo mesas en lugar de revocaciones.
Porque una cosa —la única, quizá— quedó clara el 17 de abril: el compañero Peniche no traicionó a todo el mundo. Algún compromiso seguía honrando, con devoción, con terquedad, con elocuencia trabada. La pregunta, queridos lectores, es con quién.
Presuntamente con quién. Presuntamente.