Hay verbos que envejecen mejor que otros. Reciclar, por ejemplo, tuvo su momento de gloria: salía en los discursos oficiales, en los logotipos verdes, en los comunicados con frases como “compromiso con la sustentabilidad”. En Mérida, el verbo llegó acompañado de un sustantivo propio, Ciclo Corporativo, y de tres empresas hermanas —SANA, SAU y la operación del relleno de Kanasín— que, entre las tres, se encargaban de recoger, separar y enterrar la basura de más de doscientos mil meridanos. La cadena completa. El ciclo, como quien dice, cerradito.
Esta semana el ciclo se abrió.
No de un solo golpe ni por una sola puerta. Se abrió por cuatro frentes al mismo tiempo, que es algo mucho más difícil de explicar con un comunicado de prensa. Vale la pena enumerarlos, porque juntos dibujan un patrón que las piezas sueltas, por separado, no permiten ver.
Primer frente: la recolección. SANA presume en su propio sitio atender a más de 180,000 usuarios en Mérida y Kanasín. Lo que el sitio no dice es que desde 2025 arrastra señalamientos públicos por presuntas facturaciones de basura de Umán cobradas como si fueran de Mérida, por presuntos cobros adicionales al usuario que ya paga el servicio vía recibo, y por un presunto esquema interno de desvío de combustible documentado por la prensa local. Todo presunto. Todo esperando que alguna autoridad voltee a verlo con más calma que curiosidad.
Segundo frente: la separación. Ayer viernes, 17 de abril de 2026, el Cabildo de Mérida aprobó —17 votos contra 2— el inicio del procedimiento administrativo para revocar la concesión de la planta de separación de residuos operada por Servicios Ambientales Urbanos, S.A. de C.V., en el kilómetro 1.5 de la carretera a Chalmuch. El fundamento: artículo 105, fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. La causa: presuntos incumplimientos contractuales documentados durante 2025 por la Secretaría Técnica de Gestión Integral de Residuos Municipales. La planta, dicho sea de paso, lleva aproximadamente dos años trabajando más bien poco, por decirlo de la manera más piadosa posible. El Cabildo integró una Comisión Especial; SAU tiene cinco días para ser notificada y quince hábiles para presentar pruebas. Reloj.
Conviene anotar los dos votos en contra, porque en política local los detalles nombran: José Manuel Peniche Marenco (dirigente sindical de la CATEM, regidor de Morena) y Francisco Medina Sulub (PRI). Peniche Marenco salió en defensa expresa de la empresa, propiedad, según publicaciones locales, del empresario yucateco José Antonio Loret de Mola Gómory. Cada quien sus causas.
Tercer frente: la disposición final. El relleno sanitario de Kanasín, operado por SANA, fue clausurado por PROFEPA por presuntos delitos ambientales. La clausura fue ratificada en febrero de 2026 mediante resolución del Tribunal Colegiado del 14° Circuito en los asuntos 2697/2025-V-A y Queja 1/2026. Entre los episodios que adornan el expediente figura uno particularmente elocuente: un presunto empleado de la empresa —según reportaron en su momento varios medios— arremetió con una camioneta contra un vehículo oficial de PROFEPA y derribó el portón al momento de la clausura. Si uno buscara una metáfora visual del conflicto entre autoridad y concesionario, le costaría encontrar una mejor.
Cuarto frente: el amparo. El 25 de marzo de 2026, la Jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, admitió el amparo 656/2026 promovido por seis mujeres de Chalmuch contra ocho autoridades federales, estatales y municipales señaladas por omisión frente a la contaminación presuntamente generada por las operaciones de SAU. El mismo día, y sin exigir fianza, la jueza concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios. Tercero interesado: SAU. Audiencia constitucional: 14 de mayo. Expediente administrativo en paralelo: PROFEPA PFPA/37.1.3.1/3S.6/0345-25.
Cuatro frentes. Un mismo grupo corporativo. El mismo acuífero.
Pongamos en orden lo que todo esto significa, sin aspavientos. Un grupo empresarial que a lo largo de casi dos décadas construyó un monopolio virtual sobre la basura de la zona metropolitana más poblada de la península enfrenta ahora, simultáneamente: un proceso federal administrativo concluido con clausura; una ratificación judicial colegiada de esa clausura; un amparo federal con suspensión restitutoria y audiencia en tres semanas; y un procedimiento municipal de revocación de concesión recién abierto por el Cabildo.
Cada uno de estos asuntos, por separado, sería noticia. Los cuatro al mismo tiempo son algo distinto: son un patrón.
El patrón no lo dicen los adjetivos de esta columna; lo dicen los expedientes. Y los expedientes, a diferencia de los comunicados, no se reciclan.
El ciclo, por primera vez en mucho tiempo, no se está cerrando solo.