En un movimiento diplomático tan peculiar como su antecedente, México ha pedido formalmente que Ecuador sea suspendido de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ignorando que, por un incumplimiento de ocho años en sus cuotas, Ecuador ya no tiene voz en la Asamblea General del organismo. La solicitud mexicana, que busca sancionar la violación ecuatoriana de normas internacionales tras irrumpir en su embajada en Quito, coloca a Ecuador bajo el foco global por su condición de morosidad con la ONU, que lo ha tenido fuera de votaciones desde que dejó de aportar en 2015.
La Canciller mexicana, Alicia Bárcena dijo que no solo se busca una disculpa pública de Ecuador, sino también establecer un precedente firme en la Corte Internacional de Justicia (CIJ): que cualquier estado que infrinja los principios de la Carta de la ONU, como Ecuador al asaltar la sede diplomática mexicana, merece la expulsión.
Ante los atrasos acumulados y la actual sanción, el gobierno ecuatoriano reconoció que no se puede cubrir el adeudo total cuyo monto desonce, pero señala que tienen intenciones de ponerse al día con sus pagos a la ONU, para saldar una deuda acumulada desde la administración de Rafael Correa.
Esta situación pone a ambos países en un inesperado dilema y abre un debate sobre las responsabilidades financieras y legales de los miembros de la ONU, así como sobre las consecuencias de no cumplirlas.
