Un juez del Distrito de Campeche concedió un amparo a los policías que llevan 19 días en protesta.
Este fallo impide cualquier acción que busque detener o sancionar a estos agentes, incluida la suspensión de sus salarios. Ante ello, los policías pueden seguir ejerciendo su derecho a la protesta sin el temor a represalias directas por parte de las autoridades estatales.
La situación se intensificó después de que la Gobernadora Layda Sansores amenazara con destituir a nueve policías acusados de liderar el movimiento. Sin embargo, la orden judicial reciente garantiza la protección contra el hostigamiento y la intimidación hacia los protestantes.
La controversia surge a raíz de un operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén, que resultó en más de 280 policías en riesgo y varios heridos. Los manifestantes han argumentado que la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, debería haber sido suspendida desde que comenzaron las investigaciones.
Ligia Rodríguez Mejía, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, ha instado a ambas partes a retomar el diálogo y buscar una solución consensuada. Además, señaló que las investigaciones atribuyen responsabilidad a Muñoz Martínez en el incidente del penal, solicitando al Gobierno del Estado aplicar medidas cautelares adecuadas.
Este amparo judicial es un clave en la confrontación entre los policías en protesta y las autoridades estatales, proporcionando un respiro legal a los primeros y estableciendo un precedente importante en cuanto a los derechos laborales de los agentes de seguridad.
