El Poder Judicial de Yucatán y el arte de hacer más con menos
Queridos y sufridos lectores de La Neta:
Mientras en el centro del país nos entretenemos con el drama de la desaparición del IFT y las amenazas arancelarias de Trump, en Yucatán se está desarrollando un ejercicio que merece nuestra atención: el Poder Judicial local acaba de presentar un presupuesto tan austero que haría llorar de envidia a cualquier monje franciscano.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Beatriz Torres López —nombre que suena a personaje de telenovela pero que resulta ser una funcionaria real con problemas muy reales— afirmó que el presupuesto para 2026 es “bastante austero y congruente con la situación económica nacional”. Traducción: no hay dinero y todos lo sabemos, así que hagamos como que esto es suficiente.
LOS NÚMEROS DE LA AUSTERIDAD
El Pleno de magistrados aprobó por unanimidad un presupuesto de $1,102,580,000 para el próximo año. Esto representa un incremento del 3% respecto a 2025. También propone un aumento salarial del 3% para todos los trabajadores.
Cuando le preguntaron si ese presupuesto será suficiente para atender todas las necesidades del Poder Judicial, la magistrada Torres López respondió con una honestidad que en México es más rara que un político puntual: “Por supuesto que no. Siempre hay necesidades”.
Aprecio esa franqueza. Es refrescante escuchar a un funcionario admitir que no, que el presupuesto no alcanza, en lugar de las acrobacias verbales a las que estamos acostumbrados donde nos dicen que “haremos más con menos” como si eso fuera una estrategia y no una resignación disfrazada de optimismo.
La magistrada explicó: “La idea es cómo podemos hacer más con lo que tenemos, porque en realidad es el mismo monto que tuvo el Poder Judicial en este ejercicio fiscal 2025. Obviamente, nada más se considera el incremento inflacional”.
Es decir, tienen el mismo dinero que el año pasado, ajustado por inflación. Lo cual significa que, en términos reales, tienen exactamente lo mismo. No más, no menos. Solo que ahora todo cuesta más caro.
EL ARTE DE LA NEGOCIACIÓN SINDICAL
Cuando le preguntaron si esperaba una reacción de los trabajadores sobre el 3% de aumento salarial —porque seamos honestos, un 3% en estos tiempos es como darle una aspirina a alguien con fractura expuesta—, la magistrada respondió que ese incremento “fue consensado, fue acordado, fue platicado” con el sindicato.
Me encanta esa triple confirmación: consensado, acordado, platicado. Como si repitiendo la idea tres veces el 3% se convirtiera mágicamente en 10%.
Pero hay que reconocerle algo a la magistrada: les explicó a los trabajadores “por qué era complicado pedir un incremento que no fuera racional”. En otras palabras, les dijo la verdad: no hay más dinero. Y aparentemente el sindicato lo entendió.
Esto es notable en un país donde los sindicatos suelen tener la flexibilidad negociadora de un bloque de concreto. Que hayan aceptado un 3% sin declarar huelga o bloquear carreteras habla bien de su comprensión de la situación económica. O de su resignación. Probablemente de ambas.
LAS PRIORIDADES: INTÉRPRETES MAYAS Y NUEVA INFRAESTRUCTURA
Con este presupuesto austero, el Poder Judicial tiene previsto implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya infraestructura debe estar lista en abril de 2027. También están trabajando en un equipo de 10 intérpretes judiciales mayas.
Este último punto merece reconocimiento. En un país donde las lenguas indígenas suelen ser tratadas como reliquias museográficas en lugar de idiomas vivos que millones de personas hablan, que el Poder Judicial de Yucatán esté invirtiendo en intérpretes mayas con formación jurídica es loable.
Buscarán la certificación de estos intérpretes como especialistas y peritos para contratarlos como trabajadores judiciales. Porque resulta que hacer justicia en un estado donde mucha gente habla maya requiere, sorprendentemente, de personas que hablen maya. Una lógica tan simple que en México cuenta como innovación.
LA ENCUESTA: CUANDO LA OPINIÓN CIUDADANA IMPORTA
Desde el 1 de octubre están realizando una encuesta digital sobre la percepción ciudadana de los servicios judiciales. Son 16 preguntas sencillas disponibles en su página web.
La magistrada Torres López explicó que “los resultados de este sondeo ciudadano les permite rediseñar estrategias y enfocar los esfuerzos para una mejora”. Es decir, quieren saber qué opinamos de su trabajo para intentar hacerlo mejor.
Nuevamente, esto debería ser lo normal. Pero en México, donde muchas instituciones funcionan con la filosofía del “así lo hemos hecho siempre y así lo seguiremos haciendo”, que un poder judicial pregunte a los ciudadanos qué opinan de su servicio es casi revolucionario.
REFLEXIÓN FINAL
El presupuesto del Poder Judicial de Yucatán es una radiografía perfecta de la situación económica nacional: no hay dinero, todos lo saben, y hay que seguir trabajando de todas formas. Es la versión institucional de ese mexicano que sigue adelante aunque el cheque de la quincena ya no alcance para lo mismo que hace un año.
Lo notable aquí no es el monto del presupuesto ni el modesto 3% de aumento. Lo notable es la honestidad con la que se reconocen las limitaciones y el intento genuino de priorizar lo importante: intérpretes mayas, nueva infraestructura para implementar códigos nacionales, y la voluntad de escuchar a los ciudadanos.
En tiempos donde la austeridad suele ser un pretexto para la mediocridad, el Poder Judicial de Yucatán parece estar intentando que la austeridad sea sinónimo de eficiencia. Si lo logran, sería un ejemplo para el resto del país.
Aunque, siendo realistas, un 3% de aumento en 2026 seguirá siendo insuficiente. Pero al menos nadie está fingiendo lo contrario.
Desde algún lugar donde los presupuestos también son insuficientes pero nadie lo admite con tanta claridad.
PD: A la magistrada Torres López: gracias por la honestidad. En México, admitir que el presupuesto no alcanza sin echarle la culpa al gobierno anterior o a una conspiración internacional es casi un acto de valentía.
PD2: El 3% de aumento salarial no va a cambiar la vida de nadie, pero al menos fue “consensado, acordado y platicado”. Que en estos tiempos, créanme, ya es algo.
