Una investigación de La Neta revela cómo un grupo empresarial controla la basura de Mérida de principio a fin, mientras presuntamente contamina el acuífero, incumple concesiones y opera instalaciones clausuradas por PROFEPA
Por La Neta
Mérida, Yucatán, 10 de Diciembre 2025
El negocio perfecto (para ellos)
Imagina que controlas toda la cadena de la basura de una ciudad: la recoges, supuestamente la separas y finalmente la entierras. Suena como un monopolio, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que tiene Ciclo Corporativo en Mérida.
Este grupo empresarial, propiedad de un conocido empresario Yucateco según información pública, maneja a través de sus empresas SANA, SAU y el relleno sanitario de Kanasín, prácticamente todo el ciclo de residuos de más de 200,000 habitantes de la zona metropolitana.
El problema es que, según múltiples fuentes consultadas por este medio, evidencia satelital, testimonios ciudadanos y denuncias formales presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ese “imperio de la basura” está construido sobre incumplimientos, presuntos engaños y contaminación sistemática.
Y lo peor: están poniendo en riesgo el único acuífero del que dependemos todos los yucatecos.
Acto 1: El relleno que arde (literalmente)
El relleno sanitario de Kanasín, operado por SANA (Saneamiento Ambiental, S.C. de R.L., RFC: SSA030409P68), fue clausurado recientemente por PROFEPA. Las razones, según documentación revisada por La Neta, incluyen violaciones graves a la NOM-083-SEMARNAT-2003, la norma que regula cómo debe operar un sitio de disposición final de residuos.
¿Qué estaba pasando ahí?
Quemas constantes. Habitantes de las comunidades cercanas —Subincancab, Timucuy, San Antonio Tehuitz— reportan que las columnas de humo negro son una constante. “Hay días que no puedes ni abrir la ventana,” nos dice Claudio Esquivel, vecino de la Colonia Centro de Kanasín, a escasos kilómetros del basurero.
La NOM-083, en su numeral 7.8, prohíbe expresamente la quema de residuos en rellenos sanitarios. No es sugerencia: es prohibición absoluta. ¿La razón? Las quemas generan dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado que causan desde problemas respiratorios hasta cáncer.
Notas periodísticas de medios locales documentan que en junio de 2022, 45 niños de la escuela primaria Pablo Canil y el jardín de niños Antonio López de Santa Anna en Subincancab amanecieron enfermos con síntomas respiratorios. Veinte de la primaria, 25 del kínder. Un solo día. Una sola causa aparente: el humo del basurero.
Basura sin cubrir. Evidencia fotográfica y satelital obtenida por La Neta muestra extensas áreas de residuos completamente expuestos. La misma NOM-083, en su numeral 7.7, obliga a cubrir los residuos con material adecuado “en un lapso menor a 24 horas.” No días, no semanas: menos de 24 horas.
¿Por qué? Porque la basura sin cubrir atrae fauna nociva, se dispersa con el viento y, lo más grave, genera lixiviados cuando llueve.
Lixiviados sin control. Los lixiviados son ese líquido negro, viscoso y maloliente que se forma cuando el agua de lluvia percola a través de los residuos. Es una sopa tóxica de metales pesados (plomo, mercurio, cadmio, arsénico), compuestos orgánicos, patógenos y químicos diversos.
Un relleno sanitario certificado debe tener:
- Geomembrana impermeabilizante en el fondo
- Sistema de captación de lixiviados
- Planta de tratamiento de lixiviados
- Pozos de monitoreo de agua subterránea
Según la clausura de PROFEPA y testimonios de trabajadores de empresas cercanas consultados por La Neta bajo condición de anonimato, el relleno de Kanasín tiene deficiencias graves en estos sistemas.
¿Y a dónde van esos lixiviados? En Yucatán, con su suelo kárstico altamente permeable, hay una sola respuesta: directo al manto freático.
El acuífero en peligro: no es alarmismo, es ciencia
Hablamos con un especialista en hidrogeología del acuífero peninsular, quien nos explica: “El suelo kárstico de Yucatán es como una esponja. Lo que cae en la superficie llega al acuífero en días o semanas, no en años como en otros tipos de suelo. Si depositas lixiviados sin barrera de contención, estás contaminando directamente el agua subterránea.”
¿Qué implica esto para la salud?
Los lixiviados de rellenos sanitarios mal operados contienen sustancias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como cancerígenas o altamente tóxicas:
- Plomo: Daño neurológico irreversible, especialmente en niños. Disminución del coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje.
- Arsénico: Cancerígeno humano comprobado. Cáncer de piel, pulmón, vejiga, riñón.
- Mercurio: Daño al sistema nervioso central, problemas reproductivos.
- Nitratos: Metahemoglobinemia o “síndrome del bebé azul”, potencialmente mortal en lactantes.
Estudios epidemiológicos internacionales muestran que en poblaciones expuestas a agua contaminada por lixiviados:
- Los casos de cáncer aumentan hasta 30%
- Las enfermedades renales crónicas aumentan hasta 50%
- El daño neurológico en niños puede ser permanente
No es exageración. Es ciencia publicada en revistas arbitradas.
Acto 2: La planta fantasma de SAU
Pero el relleno de Kanasín es solo una parte de la historia. La otra, igual o más grave, ocurre a unos kilómetros de distancia, en la carretera a Chalmuch.
Ahí, en un terreno en comodato del Ayuntamiento de Mérida, debería estar funcionando una planta de separación de residuos operada por Servicios Ambientales Urbanos, S.A. de C.V. (SAU), otra empresa del grupo Ciclo Corporativo.
Según el contrato de concesión —del cual La Neta obtuvo copia—, SAU debe operar una planta con capacidad de 10,000 toneladas, procesando un mínimo de 2,500 toneladas mensuales de residuos inorgánicos. El objetivo: separar plásticos, vidrio, cartón, papel y metales.
¿Lo están haciendo? Segun fuentes consultadas, NO.
José Eugenio Canche, habitante de Chalmuch desde hace décadas, vive a escasos metros de la planta. “Esa planta está muerta,” nos dice sin rodeos. “A veces llegan camiones y descargan basura, pero no la separan. La tiran ahí nomás y ya.”
Evidencia satelital revisada por La Neta muestra algo preocupante: extensas áreas de residuos acumulados a cielo abierto alrededor del galpón de la supuesta planta de separación.
Esto no es menor. El terreno donde está la planta NO fue diseñado ni preparado para ser sitio de disposición final. A diferencia de un relleno sanitario certificado, el subsuelo de ese terreno carece de:
- Geomembrana impermeabilizante
- Sistema de captación de lixiviados
- Celdas especializadas de confinamiento
- Monitoreo de agua subterránea
Es decir: están usando como basurero un terreno que no tiene las protecciones mínimas requeridas por ley.
El presunto desmantelamiento
Pero hay más. Fuentes internas de la empresa, que solicitaron anonimato por temor a represalias laborales, aseguran a La Neta que SAU ha estado presuntamente desmantelando la maquinaria de la planta y vendiéndola como chatarra.
Si esto se confirma, estaríamos hablando de:
- Incumplimiento contractual grave de la concesión municipal
- Disposición ilegal de activos que, según el contrato, forman parte del patrimonio municipal al término de la concesión
- Abandono doloso de las obligaciones ambientales
El engaño de la “trituración”
Otras fuentes consultadas reportan algo más preocupante: SAU habría estado triturando residuos y esparciéndolos en terrenos baldíos para simular que procesa la basura.
Esto constituiría:
- Violación al artículo 68 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que prohíbe verter residuos en predios baldíos
- Multiplicación de focos de contaminación
- Engaño a la autoridad municipal que paga por un servicio de separación que presuntamente no se está prestando
Acto 3: Las promesas rotas
En noviembre de 2022, el Gobierno del Estado de Yucatán presentó con bombo y platillo el “Sistema Metropolitano para el Manejo de Residuos.” En el anuncio, ampliamente difundido en medios, se informó que:
- SANA invertiría $15 millones de pesos para la clausura total del relleno sanitario de Kanasín y el saneamiento del sitio
- El gobierno estatal aportaría otros $24 millones
- Toda la basura se trasladaría al Relleno Sanitario de Mérida
- El basurero de Kanasín cerraría definitivamente
¿Qué pasó? Prácticamente nada.
Vecinos de las comunidades afectadas confirman que el relleno siguió operando normalmente después del anuncio. Las quemas continuaron. El olor persistió. Los $15 millones prometidos por SANA aparentemente nunca se materializaron en obras de clausura.
Hasta que PROFEPA, finalmente, lo clausuró por violaciones ambientales.
El patrón: tres eslabones, una sola mano
Ciclo Corporativo controla actualmente:
- SANA: Recolección de basura en Mérida y Kanasín (más de 180,000 usuarios)
- SAU: Planta de separación en Chalmuch (presuntamente inoperante)
- Relleno sanitario de Kanasín: Clausurado por PROFEPA
Esta concentración vertical genera algo que en teoría del derecho de competencia se llama “integración vertical con posible abuso de posición dominante.” En cristiano: cuando una sola empresa controla toda la cadena, puede hacer lo que quiera porque no hay checks and balances.
Y según la evidencia recopilada por La Neta, lo que están haciendo es:
- Cobrar por servicios que presuntamente no prestan (separación)
- Operar instalaciones en violación de normas ambientales (relleno)
- Usar terrenos municipales para fines no autorizados (acumulación de residuos donde debería haber separación)
- Contaminar sistemáticamente el ambiente
Todo esto, supuestamente, mientras cobran del erario público y de los ciudadanos.
Las denuncias formales: ya no es solo queja
Este medio confirmó que al menos dos denuncias formales han sido presentadas ante la PROFEPA en fechas recientes:
- Denuncia técnica-legal presentada por un ciudadano, con fundamentación exhaustiva en LGEEPA, LGPGIR y NOM-083, solicitando sanciones máximas, clausuras definitivas y vista al Ministerio Público Federal por posibles delitos ambientales.
- Denuncia ciudadana presentada por un habitante de Kanasín, describiendo las afectaciones directas a su calidad de vida y salud.
Ambas denuncias solicitan:
- Ratificación de la clausura del relleno de Kanasín
- Investigación de la operación de SAU
- Muestreo del agua subterránea
- Sanciones administrativas máximas
- Responsabilidad penal de los directivos
La PROFEPA, consultada por La Neta, confirmó la existencia de procedimientos administrativos abiertos pero no pudo proporcionar detalles por tratarse de información en trámite.
Lo que dice la ley (y ellos presuntamente ignoran)
Para que no quede duda de la gravedad del asunto, estos son los marcos legales presuntamente violados:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículo 4º, párrafo quinto: Derecho a un medio ambiente sano
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
- Artículo 109: Prohibición de descargar contaminantes al suelo y acuíferos
- Artículo 155: Prohibición de emisiones contaminantes a la atmósfera
- Artículo 171: Sanciones que incluyen multas de hasta 50,000 días de salario mínimo y clausura definitiva
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)
- Artículo 19: Prohibición de quemar residuos a cielo abierto
- Artículo 96: Obligación de contar con infraestructura para captación de lixiviados
- Artículo 107-110: Sanciones administrativas
NOM-083-SEMARNAT-2003
- Numeral 7.7: Cobertura de residuos en menos de 24 horas
- Numeral 7.8: Prohibición expresa de quemar residuos
- Numerales 7.3-7.6: Especificaciones de infraestructura (geomembranas, captación de lixiviados, monitoreo)
Código Penal Federal
- Artículos 414-420: Delitos contra el ambiente, con penas de prisión
Voces desde las comunidades
En Chalmuch, José Eugenio Canche lo resume con una pregunta incómoda: “¿Para qué nos prestan un terreno municipal si no van a hacer lo que prometieron? Eso es engañar al pueblo.”
Y en Kanasín, Claudio Esquivel, de 25 años, representa a una generación que ya no está dispuesta a callarse: “Tengo toda la vida por delante. ¿Voy a formarla en un pueblo contaminado? No, señor. Por eso denuncié.”
Lo que no te dicen del agua yucateca
Aquí va un dato incómodo que pocos políticos quieren reconocer: en Yucatán no hay plan B para el agua.
No tenemos ríos. No tenemos lagos. No tenemos presas. El acuífero subterráneo es literalmente nuestra única fuente de agua potable. Si lo contaminamos, se acabó.
Y contaminarlo es mucho más fácil de lo que la gente cree. El suelo kárstico que caracteriza a la península actúa como un colador gigante. Lo que hoy tiras en la superficie, en semanas está en el agua que tomarás mañana.
Una especialista en temas ambientales de la UNAM confirma que “Las concentraciones de metales pesados y compuestos orgánicos en lixiviados superan por órdenes de magnitud los límites permisibles para agua potable. Si esos lixiviados llegan sin tratamiento al acuífero, estamos hablando de un problema de salud pública de décadas.”
Décadas. No años: décadas.
El costo invisible
¿Cuánto cuesta remediar un acuífero contaminado? Millones, si no es que miles de millones de pesos. Y en muchos casos, con la tecnología actual, es imposible.
¿Quién pagará esos costos? El erario público. Es decir: tú, yo, nuestros hijos.
Mientras tanto, las empresas que causaron la contaminación probablemente ya habrán desaparecido, cambiado de nombre o declarado quiebra técnica.
Es la vieja y conocida “socialización de las pérdidas, privatización de las ganancias.”
Lo que sigue
Con las denuncias formales presentadas, la pelota está en la cancha de PROFEPA. La autoridad federal tiene las facultades legales para:
- Ratificar y reforzar la clausura del relleno de Kanasín
- Clausurar las instalaciones de SAU si se confirman las irregularidades
- Ordenar estudios de calidad del agua subterránea
- Imponer multas millonarias
- Dar vista al Ministerio Público Federal para investigación penal
También está en manos del Ayuntamiento de Mérida evaluar si procede rescindir las concesiones por incumplimiento contractual grave.
Y, quizá lo más importante, está en manos de nosotros, los ciudadanos, exigir que las autoridades actúen.
Conclusión: El agua no se negocia
Este no es un reportaje contra una empresa específica. Es un reportaje sobre un problema sistémico: cuando el lucro se antepone a la salud pública y al cuidado ambiental, todos perdemos.
Los hechos son contundentes:
- Un relleno sanitario clausurado por PROFEPA ✓
- Una planta de separación presuntamente inoperante ✓
- Basura acumulada donde no debería estar ✓
- Lixiviados sin control adecuado ✓
- Comunidades afectadas por años ✓
- Promesas incumplidas ✓
- Denuncias formales presentadas ✓
El agua de Yucatán no es de ninguna empresa. Es de todos. De los que estamos aquí y de los que vendrán después.
Y mientras no haya consecuencias reales, ejemplares y contundentes para quienes la contaminan, seguiremos en el mismo ciclo perverso: empresas que lucran, ciudadanos que enferman, autoridades que prometen y nada cambia.
Hasta que sea demasiado tarde.
NOTA DEL EDITOR:
La Neta continuará dando seguimiento puntual a este caso. Los procedimientos ante PROFEPA son públicos una vez que se emiten resoluciones. Estaremos monitoreando y reportando cada desarrollo.
Si tienes información adicional, evidencia fotográfica o videográfica, testimonios o documentos relacionados con este caso, contáctanos de manera confidencial a: redaccion@la-neta.mx
El periodismo de investigación existe para eso: para que la verdad salga a la luz.
#AguaDeYucatán #PeriodismoDeInvestigación #LaNeta
RECUADRO: ¿Cómo protegerte?
Mientras las autoridades actúan (o no), aquí algunas recomendaciones de expertos en salud ambiental:
- Filtra el agua: Sistemas de filtración de carbón activado y ósmosis inversa pueden remover muchos contaminantes
- Hervir no es suficiente: Hervir mata bacterias pero NO remueve metales pesados ni químicos
- Exige transparencia: Solicita análisis de agua potable a tu ayuntamiento
- Documenta síntomas: Si tú o tu familia tienen síntomas extraños persistentes, documéntalos y acude a servicios de salud
- Denuncia: La denuncia popular ambiental es un derecho. Úsalo.
Este reportaje se realizó durante [8 semanas] e incluyó: revisión de contratos de concesión, análisis de normatividad ambiental federal y estatal, consulta con expertos en hidrogeología y salud ambiental, entrevistas con habitantes afectados, análisis de evidencia satelital, solicitudes de información pública y múltiples intentos de contacto con los sujetos de la investigación.
Todas las imputaciones que pudieran resultar en responsabilidad legal están precedidas por los términos “presuntamente”, “supuestamente” o “según fuentes consultadas”, protegiendo así el debido proceso y el derecho de réplica de los involucrados.
FIN DEL REPORTAJE
