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Alerta en la justicia: Preocupación por la eliminación de la Prisión Preventiva Automática

La arena política y judicial de México se encuentra en efervescencia ante un posible giro en la justicia penal. La Secretaría de Gobernación, liderada por Luisa María Alcalde, ha lanzado una advertencia sobre la posible eliminación de la prisión preventiva de oficio, un cambio que podría resultar en la liberación de aproximadamente 68,000 presuntos delincuentes.

En una carta enviada a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo Federal ha expresado su inquietud, apelando a que tal medida excedería las facultades judiciales y perturbaría la soberanía nacional. 

“La Suprema Corte se excede”, afirmó la secretaria Alcalde, señalando que únicamente el Congreso de la Unión tiene la facultad constitucional para realizar reformas de esta magnitud.

“Señalamos a los ministros y a las ministras que esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía, ni a su derecho a autodeterminarse”, dijo Luisa María Alcalde. 

La secretaria no se detuvo ahí y alertó que, incluso sin un pronunciamiento oficial de la SCJN, un pleno regional ya ha emitido jurisprudencia que instruye a jueces en 18 estados para otorgar suspensiones de amparo a quienes están detenidos por delitos que ameritarían prisión preventiva.

El gobierno insiste en que la Corte debe honrar la Constitución y la división de poderes, evitando tomar decisiones que pudieran tener graves consecuencias para la seguridad nacional, especialmente en lo que respecta a la protección de víctimas y testigos, así como el riesgo de fuga de personas vinculadas al crimen organizado.

La secretaría de Gobernación recalca la importancia de priorizar la Constitución sobre las normas internacionales en casos de conflicto, un principio que incluso ministros de la propia Corte han seguido en el pasado. Con esta postura, el gobierno federal busca resguardar la seguridad de la nación y evitar una carga excesiva sobre las fiscalías y juzgados que ya enfrentan retrasos significativos en sus procesos.

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